En Seis meses tendrán que resolverse las valoraciones de Dependencia
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En Seis meses tendrán que resolverse las valoraciones de Dependencia

(2010-01-25) Agencia de Noticias Júbilo

A lo largo de 2010, los gobiernos regionales tendrán una difícil tarea: acortar los plazos para dictaminar las prestaciones de dependencia hasta los seis meses como máximo, un proceso que, en algunas comunidades, se prolonga de diez a doce meses.

Así se ha acordado de forma unánime en el último Consejo Territorial de la Dependencia, que se celebró en Madrid ayer, con el objetivo de agilizar los excesivos trámites burocráticos de la Ley. Queda pendiente, sin embargo, resolver qué sucederá con la segunda pata de este tedioso trámite, es decir, el tiempo que transcurre desde que se resuelve la valoración y el dependiente comienza a disfrutar de las ayudas. “De momento, ya hemos dado un primer paso. Ahora vamos a trabajar para reducir esa otra cuestión”, señaló Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social, tras la celebración del encuentro. En cuanto a los menores de tres años, el plazo máximo será de 30 días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad de los correspondientes subsidios.
 
Las comunidades tendrán ahora que modificar sus respectivas normativas para incorporar este acuerdo, “aunque algunas ya trabajaban para acortar los tiempos de espera”. Tres años después de que entrase en vigor, con carácter universal, la Ley de Dependencia, Jiménez ha reconocido que “los trámites que se llevan a cabo en algunos gobiernos regionales no son homogéneos dada la complejidad y el desarrollo de este marco regulatorio”. No obstante, esta medida ha inquietado a algunos consejeros de asuntos sociales quienes afirman que estos procedimientos ya se resuelven en seis meses en sus respectivas regiones.
 
Este el caso de César Antón Beltrán,  consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que ha aprovechado la ocasión para pedir que este acuerdo se convierta en “un compromiso corresponsable”. Es decir, que asuman sus responsabilidad no sólo las comunidades, si no también los Ayuntamientos, las diputaciones, la Seguridad Social y la Administración tributaria del Estado. En este mismo sentido se ha posicionado Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, quien ha informado de que esta comunidad cerró el año 2009 con un plazo medio de diez meses para la resolución de expedientes. “La zona central de Asturias, que es donde se concentra la mayor demanda, es la que experimenta los plazos más largos, mientras que en las alas de Asturias esos periodos están incluso por debajo de los seis meses que se ha marcado como objetivo el Consejo Territorial del SAAD”.



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