En la Comunidad Valenciana no harán falta más plazas residenciales en los próximos dos años, según un informe de AERTE
(2008-11-11) Júbilo
En los próximos dos años no harán falta más plazas residenciales para atender la demanda real que supone la implantación de la Ley de Dependencia, según señaló el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), Alberto Jiménez, basándose en un informe interno de la entidad.
El portavoz de la patronal autonómica ha explicado que el aumento de la población de más edad no generará más necesidades en el sector residencial para personas en situación de dependencia, si bien, ha reconocido que otro tipo de servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia sí que pueden incrementar su demanda.
En este sentido, el presidente de Aerte ha afirmado que no es lógico crear nuevas plazas residenciales para mayores a corto plazo y, por ello, ha insistido en la necesidad de reordenar la red actual e integrar la oferta existente en la futura red pública asistencial, lo que abarataría costes y garantizaría que los usuarios sigan disfrutando de una oferta de calidad, tanto en plazas residenciales como en servicios intermedios (centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia).
El representante del sector ha comentado que, en España, “más del 95% de las empresas son pymes y que, especialmente aquellas encargadas de atender la dependencia, han crecido con el propio sector, arriesgando su patrimonio en el proceso de adecuación a la demanda y generando unos servicios en los que se manejan unos márgenes de rentabilidad muy ajustados”.
Del mismo modo, Giménez ha insistido en que no sería lógico obviar la actual oferta de plazas y servicios para configurar una nueva red en la que no se integraría a los centros y profesionales con experiencia contrastada en la asistencia a personas en situación de dependencia.
Por tanto, el Presidente de Aerte ha explicado que se ha propuesto a la Administración un modelo transitorio que permita integrar con normalidad la red actual en la futura red pública prevista por la Ley respetando “dos principios básicos: la libre elección del ciudadano y la configuración de una oferta amplía que integre las llamadas plazas de bono y las de accesibilidad”.