(2008-12-17) Agencia Júbilo Noticias
La llegada del nuevo año parece traer consigo expectativas de crecimiento poco alentadoras para los grupos residenciales. La crisis económica y el clima de incertidumbre que aún genera la Ley de Dependencia frenarán los planes de expansión de estas compañías, que en 2009 crearán poco más de 4.800 plazas, un 15% menos que las nuevas que pusieron en el mercado este año.
Tal y como publica el periódico Negocios y Gestión Residencial, si los operadores inauguraron el año 2008 con dudas acerca de la viabilidad de este marco regulatorio –a las que más tarde se sumó el pesimismo de las turbulencias financieras–, 2009 se convertirá en el año en el que los gestores residenciales cuestionen la rentabilidad de incrementar su presencia en España. Tan sólo Sanitas Residencial y el Grupo SAR (de entre todas las compañías que han facilitado los datos) han reforzado sus planes de expansión con respecto al presente ejercicio.
Mientras, Ballesol, el grupo privado de referencia en este sector, reducirá en un 30% la creación de nuevas plazas y pasará de abrir siete residencias este año a tres centros durante los próximos doce meses. Lo mismo ocurrirá en el Grupo AMMA, empresa que en 2006 puso en marcha uno de los planes de expansión más ambiciosos de este mercado y que recortará en más de un 50% sus aperturas. Estas compañías, que reconocen que los efectos de la crisis mermarán su cuenta de resultados, optarán por concluir los procesos de expansión iniciados años atrás y reforzar sus estructuras asistenciales con el objetivo de consolidar su presencia en el territorio nacional. Otras, sin embargo, ni siquiera se atreven a adelantar cuáles serán sus objetivos en 2009, dada la incertidumbre que atraviesa España en la actualidad.
Ante estas previsiones, la entrada en nuevos mercados relacionados con la atención a personas mayores, como los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia, también se convierte en una opción más que recurrente. Entidades como, por ejemplo, Caser, CG Sagesur o AMMA ya han realizado proyectos piloto en este sector.
Como explica el director del periódico N&G, Víctor López, durante los últimos doce meses, las miradas del sector residencial se han centrado, sobre todo, en el Grupo SAR, que ha impulsado su negocio en España a través de una fuerte política de compraventas. A principios de año, la compañía que preside Higinio Raventós adquirió el 78% de las acciones de Servirecord, una de las empresas líderes en nuestro país en servicios de ayuda a domicilio. Raventós aseguró entonces que esta operación permitiría al grupo “liderar de manera integral el sector, así como completar su plan de expansión”. Meses más tarde, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a través de su filial SEPIDES, entró en el accionariado de SAR IPM, sociedad del Grupo SAR, con una inversión de 10 millones de euros y una toma de participación del 25% del capital. En la actualidad, la compañía busca un nuevo socio inversor a quien vender un 30% de su accionariado que le permita financiar el crecimiento futuro.
El Grupo SAR compartió protagonismo con Ballesol en 2008, después de que la aseguradora Santa Lucía decidiese incrementar en un 11% su participación en la firma que fundó la familia Vivas hasta alcanzar el 70%. Esta operación supuso, además, la salida de Urbis del accionariado de la compañía, con el objetivo de reorientar su estrategia a otras plataformas de negocio más rentables para el grupo y hacer frente a la crisis inmobiliaria. Precisamente, este parón en el mercado del ladrillo llevó a gigantes como Metrovacesa a vender a Geroplan el 35% de las acciones de Adavir en su plan para desprenderse de activos no estratégicos y buscar liquidez con la que hacer frente a las turbulencias financieras. El precio de esta operación, en la que también se incluye la venta a Adavir de una residencia ubicada en El Saler (Valencia), ascendió a 7,5 millones de euros.
Los propios agentes del mercado residencial ya han asumido que, a pesar del incremento de la población senior en España, no harán falta más plazas en los próximos dos años para atender la demanda real que supone la implantación de la Ley de Dependencia, hasta 2010. Así se desprende de un estudio que ha elaborado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), en el que se señala que el aumento de población de más edad “no generará más necesidades en el sector para personas en situación de dependencia”.
Los empresarios, que cada año deben hacer frente a márgenes de rentabilidad muy reducidos, consideran que “no resulta lógico” crear nuevas plazas a corto plazo y, por ello, insisten en la necesidad de reordenar la red actual e integrar la oferta existente en el futuro sistema público asistencial, “lo que abarataría costes y garantizaría que los usuarios sigan disfrutando de una oferta de calidad, tanto en plazas residenciales como en centros de día, afirman los portavoces de la patronal. La aplicación de este marco regulatorio permitirá, sin embargo, la implantación de empresas de servicios con profesionales asistenciales y sanitarios acreditados para este colectivo.
Hasta octubre de 2008, existían en España 297.127 plazas en residencias, según los datos que maneja el Portal de Mayores del IMSERSO. De este total, un 48,8% lo conformaban centros con más de 100 camas; un 28%, residencias de entre 50 y 99 plazas; un 15%, entre 25 y 49; y un 7,3%, establecimientos con menos de 25 camas. Este informe demuestra que la oferta privada es predominante, ya que más del 70% se encuentra en manos de empresarios, mientras que el 30% restante lo gestionan las Administraciones públicas. Respecto a su reparto geográfico, Cataluña se erige como la región con mayor número de plazas (49.191), seguida de la Comunidad de Madrid (41.302) y Castilla y León (38.896). En el otro lado de la tabla, Ceuta cuenta con tan sólo 155 plazas; Melilla, con 419; y La Rioja, con 2.881. En España, la ratio de atención a personas mayores se sitúa de media en un 3,9%. Por encima de este porcentaje, se encuentran Castilla y León, con un 6,8%, Castilla-La Mancha, con un 6,5%; y Aragón, Melilla y Navarra con un 5,6%. Por debajo, aparecen Ceuta, con un 1,8%; Murcia, con un 2%, y Galicia, con un 2,2%.