UGT exige que se cumplan los plazos establecidos en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia
(2008-10-02) Júbilo
La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT (UPJP) reclamó ayer, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que las Administraciones Públicas cumplan sus compromisos para avanzar en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia. UPJP exigió, además, a las CCAA que resuelva los expedientes en los plazos establecidos, sin excusas de carácter burocrático.
Bajo el slogan “UPJP-UGT por la Defensa y el Cumplimiento de la Ley de Dependencia”, la organización puso de manifiesto una serie de “reivindicaciones concretas” sobre asuntos relacionados con la Ley de Dependencia. En este sentido, UPJP considera que el desarrollo de los servicios y prestaciones sociales establecidos por la Ley de Dependencia no debería verse afectado por la gravedad de la situación económica en la que nos encontramos, “dado que los principios que motivaron su aprobación se mantienen inalterables”: el derecho de los ciudadanos que necesitan la ayuda de otros para su vida diaria a recibir cuidados y la gran cantidad de empleos que se pueden generar mediante la creación de una red coordinada de centros y servicios públicos y concertados que den cobertura a ese derecho.
Asimismo, desde la organización se explica que la aplicación de la Ley debe realizarse de manera coordinada en todo el territorio, con especial vigilancia a que se cumplan las premisas de carácter público de las prestaciones, prevalencia de los servicios sobre las prestaciones económicas, y universalidad en el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad, calidad y sostenibilidad.
Entre las exigencias de UPJP se encuentran priorizar la prestaciones de servicios frente a las prestaciones de carácter económico y que las Comunidades Autónomas resuelvan los expedientes de solicitud en el menor tiempo posible, “sin excusas de carácter burocrático para dilatar los procesos, abonando directamente las prestaciones concedidas con efectos retroactivos y sin necesidad de reclamación del beneficiario”.
Además, UGT reclama “rigor en los procesos de evaluación que requiere cada expediente de solicitud”, de tal forma que los Programas Individuales de Atención (PIA) se resuelvan de manera justificada, “especificando las razones por las que se da un tipo de servicio o prestación, analizando el entorno, y las condiciones del beneficiario, y asegurándose siempre de que éste recibe los cuidados necesarios y suficientes”.
La organización también reivindicó que las CCAA deben establecer con claridad los regímenes de incompatibilidad de servicios, con un carácter amplio, centrado en las necesidades del beneficiario y no en consideraciones de carácter presupuestario. Del mismo modo, la Administración Central y las Comunidades Autónomas deben comprometerse, en sus respectivas leyes presupuestarias, a la creación de las infraestructuras y servicios necesarios para dar cobertura en los próximos años a todos los ciudadanos en situación de dependencia. A su vez, según UGT, las Administraciones Autonómicas deberán establecer la coordinación sociosanitaria necesaria para desarrollar la Ley de dependencia.